Renunció el subsecretario de Justicia de Mendoza tras una denuncia de su expareja
Marcelo D'Agostino presentó su renuncia el 12/4/2026 tras denuncias por abuso sexual, lesiones y amenazas; la fiscalía confirmó la investigación, según La Nación.
El subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, presentó su renuncia el 12 de abril de 2026 tras ser denunciado por su expareja por abuso sexual, lesiones y amenazas, según informó La Nación. La denuncia fue radicada ante la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género y la fiscal que instruye la causa es Valeria Bottini, conforme al mismo informe. D’Agostino rechazó los cargos y señaló en su carta que su salida busca garantizar la transparencia y no entorpecer la investigación.
¿Qué acusa la denuncia y qué medidas pidió la denunciante?
De acuerdo a La Nación, la presentación judicial relata hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2024, con una prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025. La denunciante, identificada en la nota como su excónyuge y profesional reconocida, aportó audios y registros fotográficos de lesiones, según el medio. En la demanda se solicitó, siempre según La Nación, prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes; además, se pidió protección para la abogada de la víctima. El Ministerio Público Fiscal confirmó a La Nación la presentación de la denuncia y afirmó que «se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados», según la cobertura.
¿Qué peso político y judicial tenía D’Agostino y cómo puede impactar su salida?
La Nación describe a D’Agostino como una figura clave en la relación del gobernador Alfredo Cornejo con el Poder Judicial, con una trayectoria en la subsecretaría de Justicia desde 2015 y continuidad en el cargo durante el mandato de Rodolfo Suárez, según el mismo informe. En la nota se lo calificó como «brazo ejecutor» del gobernador en tribunales y se le atribuye un rol relevante en la gestión de reformas judiciales y en el vínculo con jueces, fiscales y el Consejo de la Magistratura. Fuentes cercanas al gobierno consultadas por La Nación señalan que su partida representa un golpe a la estructura de interlocución judicial del Ejecutivo provincial. Ante este tipo de vacíos, las variables a seguir son administrativas y políticas: quién asume interinamente, cómo se preservan causas en curso y si se modifican canales de interlocución con la Justicia. Estas decisiones tendrán impacto procedural inmediato y costos políticos en la provincia.
Procedimiento judicial y qué sigue: plazos y verificaciones necesarias
La investigación está en manos de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género, a cargo de la fiscal Valeria Bottini, según La Nación. Para evaluar el alcance jurídico será necesario acceder al texto completo de la denuncia, a las actas de medida y a los registros que la denunciante aportó, como los audios y las fotografías mencionadas en la cobertura. Mantenemos cautela: exigimos verificación del texto final, actas y registros antes de evaluar alcance político o judicial. En paralelo, la solicitud de medidas precautorias —prohibición de acercamiento, retención de pasaporte, botón antipánico y embargo preventivo—, de ser aceptada por la fiscalía o un juez, implicaría limitaciones rápidas a la libertad de acción del denunciado. Los tiempos procesales para resolver medidas urgentes en causas de violencia de género suelen ser de días a semanas, de acuerdo con protocolos de la Fiscalía de la Nación y prácticas provinciales; será importante registrar cada resolución judicial y la fundamentación que la respalde.
En la cobertura de La Nación también se consignó que D’Agostino se separó de su esposa Anabel Molina, quien a fines de 2025 fue designada jueza de Cámara en la Tercera Circunscripción Judicial, dato que puede ser relevante para evaluar eventuales conflictos de interés o recusaciones en el fuero, si la causa así lo exige. Ante acusaciones de esta naturaleza, el periodismo debe evitar conjeturas y ceñirse a documentos y resoluciones. Reiteramos la necesidad de que la Fiscalía y el Poder Ejecutivo faciliten acceso a actas y registros procesales pertinentes para que la evaluación pública se base en pruebas verificadas y no en versiones. En ausencia de esos documentos, toda conclusión sería prematura.
