IGJ intimó a la Fundación Faro por donantes y registros contables

La Inspección General de Justicia (IGJ) intimó a la Fundación Faro Argentina a informar en diez días la identidad de quienes aportaron casi $4.957 millones durante 2024, según publicó LA NACION el 6 de junio de 2026. El requerimiento surge después de que el balance del ejercicio llegara con casi once meses de retraso y con observaciones de los auditores independientes, de acuerdo al mismo medio. Esta nota recopila las principales inconsistencias señaladas por la documentación presentada y enumera las preguntas que quedan abiertas para la IGJ y para la opinión pública.

¿Qué pidió la IGJ y por qué?

La IGJ reclamó la individualización de donantes que superen el equivalente a 40 salarios mínimos, una exigencia prevista en la normativa que regula a las personas jurídicas, según la intimación citada por LA NACION. El balance de Faro muestra que 99% de los ingresos figura bajo el rubro donaciones, cursos y similares, sin identificar aportantes, según la nota. Los auditores de Crowe consignaron además que los estados contables estaban pendientes de transcripción en los libros contables al momento de la presentación, lo que la propia firma describió como una salvedad en su informe. El documento fue aprobado en asamblea el 19 de mayo de 2025 y presentado ante la IGJ el 9 de abril de 2026, conforme a los registros citados por el medio. La IGJ exige ahora los nombres para evaluar cumplimiento y potenciales incumplimientos formales.

¿Quién financió a la Fundación Faro?

La pregunta central es también la más simple y la más difícil: quién puso el dinero. LA NACION consignó que la entidad recaudó $4.957 millones en 2024 y que su patrimonio creció a más de $4.300 millones, una multiplicación sustancial respecto de la Fundación Valorar en 2023, según verificación de Chequeado citada por el mismo medio. La fundación registró además $246,4 millones como deudores varios sin identificar a los beneficiarios ni condiciones, y tomó préstamos por $2,1 millones corrientes y $32,3 millones no corrientes sin mayor explicación en el balance. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026 destinó $1.079 millones a publicidad política en redes a través de la cuenta Ratio Oficial, cifra que la ubica detrás solo de la Jefatura de Gabinete en gasto en esa plataforma, según las verificaciones mencionadas por LA NACION y clasificaciones de Meta.

Consecuencias y próximos pasos

La intimación de la IGJ abre dos frentes: el administrativo y el político. En lo administrativo, la IGJ podrá evaluar sanciones formales si encuentra incumplimientos en la identificación de aportantes o en la actualización de libros, y los responsables de Faro deberán aportar documentación que explique los $31,5 millones registrados como deposito en garantía y los $3,2 millones declarados por alquileres, además de detallar las condiciones de los préstamos. En lo político, la novedad plantea preguntas sobre la transparencia del financiamiento privado en campañas o campañas encubiertas, dado que Faro destinó 84% de sus ingresos, $4.188 millones, a inversiones financieras y $205 millones a eventos y campañas, según el balance citado por LA NACION. Desde nuestra posición editorial mantenemos cautela: exigimos verificación de textos, actas y anexos antes de evaluar alcance político, judicial o electoral. Resta ver si la IGJ considera las respuestas suficientes o si promueve medidas adicionales; el reloj de diez días ya corre.