La inestabilidad política española: Crónica de una muerte anunciada.

España se ha convertido, en el último
año, en un país inestable. Y esto se ha dado por cuestiones netamente endógenas
y, particularmente, por la avaricia del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE).

Crónica de una muerte anunciada
versa, por lo tanto, sobre cómo el PSOE llegó al poder (mandato actual) y sobre
cómo el mismo partido se auto-limitó, al establecer alianzas con otros partidos
políticos que, cuando menos, tienen exigencias que ponen en jaque la existencia
del propio gobierno y, por lo tanto, del mandato socialista.

Para dilucidar paso a paso los
porqués de la situación actual que vive el gobierno español, a continuación se
responderá a determinados interrogantes que, finalmente, llevarán al entendimiento
de todo el proceso que culmina con un gobierno que llama a elecciones
anticipadamente.

¿Qué motivos
llevaron a la moción de censura y qué fundamentos tenían los argumentos a favor?

España no escapa a prácticas que se
dan en todo el mundo. En el país ibérico, no es posible afirmar que la
corrupción sea algo que se dé todos los días ni que esté generalizada en todos
sus cuerpos políticos o de justicia, pero cada cierto tiempo explotan algunos
casos de corrupción que tienen mucho renombre. En este sentido, el principal
motivo (o excusa) que generó la moción de censura que terminó echando a Rajoy
de La Moncloa fue el afamado “caso Gürtel”, que es un proceso judicial que
intentó dilucidar si el Partido Popular se financiaba por medio de una “caja B”
o, hablando en lenguaje cotidiano, con dinero negro o de proveniencia no legal.
Es así que, la sentencia que dictaminó el Juez del caso dice que efectivamente
el Partido Popular se había financiado con dinero malhabido, pero no pudieron
determinar fehacientemente hasta qué nivel de la escala jerárquica dentro del
PP se conocía esto, por lo cual la sentencia fue contra el partido (“partícipe
a título lucrativo”) y contra las personas encargadas de la recaudación de
fondos, culminando con 29 personas condenadas (de 37 acusados). El “caso Gürtel”
fue el detonante, y el PSOE aprovechó esto para fustigar al Presidente Rajoy (ahora ex), quien no había sido condenado, y
de quien no se pudo probar participación alguna en esta trama de financiamiento
ilegal.

Los medios de comunicación hicieron
su parte, al hablar día y noche sobre este caso, y sobre cómo esto afectaría al
gobierno. Y el gobierno, por su lado, intentaba deslindarse de ello, diciendo
que la sentencia no afectaba al Presidente ni a su círculo íntimo (Ministros y
Secretarios).

En cuanto a lo político, el Partido
Popular contaba con 134 escaños en el Congreso de los Diputados, por lo cual
para la sanción de leyes o el correcto funcionamiento del gobierno, tenía que
realizar pactos o alianzas con otros partidos. Así, en el día a día, el PP
contaba con el apoyo de Ciudadanos (32 escaños), UPN (2 escaños), Foro Asturias
(1 escaño), el Partido Nacionalista Vasco (5 escaños) y Coalición Canaria (1
escaño).

Es así, entonces, que PSOE ve la
oportunidad de, ante un gobierno que no tiene mayoría absoluta en el Congreso
de los Diputados, y que el “caso Gürtel” lo había afectado profundamente en su
imagen, presentar una moción de censura, tejiendo previamente diversas alianzas
para que esa moción tenga éxito.

Es importante aclarar que, la moción de censura, en España, es constructiva.
Esto quiere decir que el partido que propone una moción de censura para echar a
un mandatario, tiene la obligación de presentar una propuesta alternativa de
gobierno, para no dejar acéfalo el cargo de Presidente del Gobierno. Asimismo,
es importante también dejar en claro que para que la moción tenga éxito, se
necesita la mitad más uno de los Diputados.

A sabiendas de esta situación, el
PSOE presenta la moción de censura, y propone como Presidente del nuevo
gobierno a Pedro Sánchez, quien casualmente no era Diputado, pero sí Secretario
General de su partido.

El principal argumento utilizado por
Pedro Sánchez a la hora del debate por la moción de censura fue que la
sentencia del caso Gürtel y, particularmente el Presidente Rajoy, generaron una
crisis institucional que exigía una “respuesta
contundente” de la cámara (dixit, Pedro Sánchez en debate por moción). Así,
el PSOE exige responsabilidad política a Rajoy por la sentencia Gürtel,
aduciendo que no queda otro camino que echarlo, para “proteger el prestigio de las instituciones dañadas por el PP”. En
palabras de Pedro Sánchez, “La moción de
censura es necesaria.

La corrupción disuelve la confianza de la sociedad en sus gobernantes, y
debilita los poderes del Estado, pero también ataca de raíz a la cohesión
social, en la que se fundamenta la convivencia de la democracia. Si a la
sensación de impunidad, se une la incapacidad de asumir responsabilidades
políticas, merma la fe en el Estado de Derecho, en las Instituciones y en la
política. Rajoy en la presidencia debilita la democracia, al país y a su propio
partido”.

Por otra parte, se legitimaba la moción en la necesidad de una “regeneración democrática”, afirmando
que el liderazgo político del presidente quedaba débil para hacer frente a
desafíos como la calidad de la democracia, la cohesión social y territorial, la
despoblación, el medioambiente, la igualdad de género y la proyección
internacional de España.

Si bien es cierto que la corrupción
erosiona la confianza de la sociedad en sus gobernantes, la justicia es la que
debe intervenir en los casos de corrupción y, cuando no se puede demostrar la
participación de determinadas autoridades, eso significa que las mismas están
libres de culpa y cargo. Asimismo, la justicia española goza actualmente de
buena salud y tiene un prestigio importante, por lo que no puede afirmarse que “merma la fe en el Estado de Derecho”,
ya que el Estado de Derecho significa que el poder político se supedite a la
ley y, teniendo en cuenta el fallo judicial, muchos políticos terminaron
condenados. Eso quiere decir que el Estado de Derecho tiene plena vigencia en
España. Por otra parte, no existe conexión lógica de causa-consecuencia entre
la existencia de corrupción y la pérdida de cohesión social, ya que la
corrupción es algo comprobable fácticamente, y la cohesión social es más bien
un sentimiento. Así, existe un error al creer que la cohesión social es la que
fundamenta la convivencia de la democracia. La democracia es la gestión de las
diferencias, y la cohesión, por otro lado, es la unión o adhesión bajo un mismo
pensamiento, idea o proyecto. Así, si la sociedad estuviese cohesionada, se
estaría afirmando que la sociedad es toda igual y que todos piensan lo mismo.
Por el contrario, y como se afirmó, la democracia es la gestión de las
diferencias, ya que se acepta que no todos somos iguales y que se debe aceptar
las opiniones divergentes y, así, enriquecer el debate público.

¿Qué apoyos
tiene el gobierno y en qué medida esos apoyos influyen la agenda de gobierno?

Para responder a este apartado, es
importante saber que el Congreso de los Diputados de España cuenta con 350
escaños, que se reparten de manera proporcional, elegidos por medio de listas
cerradas en cada circunscripción electoral. De esos 350 escaños, 102 son
otorgados a las provincias (2 por provincia, 50 provincias, y 1 para Ceuta y
otro para Melilla). Los restantes escaños son repartidos por medio de la
fórmula D´Hondt. Por otra parte, el Senado español funciona como cámara de
segunda lectura en el proceso legislativo, no teniendo poder de decisión alguna
en la moción de censura.

Sabiendo que el PP contaba con 134
escaños en el Congreso de los Diputados, el PSOE (con 84 escaños) tuvo que
realizar alianzas con otros partidos para que su moción de censura prospere.
Así, en la votación por la moción el PSOE tuvo el acompañamiento de Unidos
Podemos (67 Diputados), Esquerra Republicana de Cataluña (partido
independentista catalán, 9 Diputados), Democràcia i Llibertat (independentista
catalán, 8 escaños), Partido Nacionalista Vasco (partido nacionalista moderado,
5 escaños), Compromìs (catalanes, 4 escaños), EH Bildu (partido separatista
vasco, 2 escaños), y Nueva Canarias (1 escaño). De esta manera, el PSOE pudo
juntar 180 votos a favor de la moción de censura, hubo 1 abstención, y 169 Diputados
votaron en contra de la moción de censura.

Viendo la composición del Congreso de
los Diputados, el PSOE no podía gobernar por sí mismo (debido a la falta de escaños
en la Cámara), por lo que necesariamente debió negociar con todos sus aliados
de la moción de censura determinadas posiciones. Así, por ejemplo, la posición
del Gobierno Español respecto a la economía pasó a ser prácticamente manejada
por PODEMOS. Asimismo, también cambió drásticamente la posición del Gobierno Español
con respecto a Cataluña. Se pasó de un Gobierno que había intervenido a
Cataluña aplicando el artículo 155 de la Constitución Nacional, a uno que
dejaba gobernar a los independentistas catalanes y presionar cada vez más al
gobierno nacional, con la excusa de que el intento de independencia catalán es
una cuestión política, y la política se resuelve con diálogo.

De esta manera, y ante la necesidad
del PSOE de contar con aliados para llegar al poder, es que el mismo PSOE se ha
visto totalmente condicionado en su accionar diario, al punto tal de
prácticamente entregar la agenda económica a PODEMOS, y la agenda territorial a
los independentistas, sin resolver firmemente ninguno de los temas.

¿Qué
políticas reales y estrategias ha llevado a cabo el gobierno?

En los poco más de nueve meses de
gobierno –desde la jura de Pedro Sánchez como presidente el 2 de junio de 2018
hasta la convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes Generales (todo
el Poder Legislativo) el 5 de marzo de 2019- se han aprobado 41 normativas: 13
Leyes -5 de ellas de naturaleza orgánica- y 28 Reales Decretos-leyes.

De tales iniciativas, 29 fueron
propuestas por el gobierno, 5 por el gobierno anterior y 7 por otros grupos
parlamentarios o instituciones –sólo una de ellas fue del Grupo Parlamentario
Socialista, y fue presentada antes de la moción de censura-. Por la pertenencia
a la Unión Europea, parte de esta legislación se deriva de la transposición de
normativa comunitaria.

Con todo, resta analizar el contenido
de las iniciativas cuyo origen fue el Gobierno. En su declaración institucional
para anunciar la convocatoria de elecciones, el presidente Sánchez señaló tres
objetivos de su gobierno: consolidar el crecimiento y crear empleo, reconstruir
el Estado de Bienestar y reforzar las instituciones democráticas.

En cuanto al primer objetivo, se
aprobó normativa sobre empleo, energía, competitividad empresarial, protección
de datos personales, seguridad en redes de información, transportes, tráfico
ilegal, infraestructuras, industria del carbón (para ofrecer ayudas y cubrir
cierres derivados de industrias mineras no competitivas) y Ciencia e
Innovación.

En cuanto al segundo objetivo, se
aprobó legislación sobre Sanidad (para volver a incluir la atención sanitaria a
inmigrantes ilegales), pensiones (para revalorizar las pensiones con el Índice
de Precios del Consumidor), violencia de género (para fortalecer la tutela
judicial y acceso a la justicia y recursos de asistencia de víctimas de
violencia de género), industria artística
y retribuciones del sector público (para garantizar las subidas salariales
de los trabajadores del sector público por la prórroga de los presupuestos para
2018).

En cuanto al tercer y último
objetivo, se aprobó normativa sobre la Corporación de Radio y Televisión
Española –o RTVE- (para renovar los miembros de su Consejo de Administración y
la presidencia), Memoria Histórica (para establecer el marco jurídico para la
exhumación de Francisco Franco, con el pretexto de no haber fallecido en la
Guerra Civil) e instituciones económico-financieras (con la creación de una
Autoridad Macroprudencial, con objeto de que diversas instituciones tengan más
herramientas de control económico-financiero).

Observando los apoyos parlamentarios
en la moción de censura que dio origen al gobierno, es necesario señalar que en
15 de las 29 iniciativas del Ejecutivo hubo unanimidad o apoyo prácticamente
total de la oposición, y tan sólo oposición por parte del PP o Ciudadanos en
las restantes 14: 6 en forma de “no” por alguno de ellos (renovación de RTVE,
universalidad de la Sanidad, Autoridad Macroprudencial, medidas en materia
tributaria y catastral y carreteras y transportes) y 9 en forma de “abstención”
por alguno de ellos (Memoria Histórica, pensiones, impuestos y medidas
tributarias, industria del carbón, instituciones económico-financieras, transición
energética y competitividad empresarial).

Así, se puede observar que los temas
más polémicos de la época del gobierno de Pedro Sánchez son, entre otros, la
renovación del ente público RTVE, la concesión de atención sanitaria a la
inmigración ilegal, la exhumación de Francisco Franco, la revalorización de las
pensiones (con la ruptura del Pacto de Toledo, acuerdo multipartidario sobre el
sistema de pensiones) y la obligación a que sea la Banca el que pague el
impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales en la
celebración de contratos hipotecarios. A ello hay que añadir la estrategia en
Cataluña (con la celebración de varias reuniones bilaterales y la propuesta
fallida de un relator para una hipotética mediación), el acercamiento de presos
de la banda terrorista ETA al País Vasco, la acogida de un barco de inmigrantes
rechazado por Francia e Italia, la dimisión de varios Ministros y el nepotismo
en el nombramiento de altos cargos (como su mujer, como directora del Africa
Center).

Dicho esto, hay tres ejes básicos de
crítica a las políticas y gestión del gobierno de Sánchez: la estrategia en
torno al denominado “problema catalán”, la ruptura del consenso de la
Transición y las consecuencias económicas de sus políticas.

En cuanto al primer asunto, además de
denunciar la aceptación del apoyo parlamentario en la moción de censura de los
partidos independentistas catalanes, se destaca la cesión en determinados
puntos (como las prometidas inversiones públicas, la figura de un mediador, el cambio de criterio jurídico de
la Abogacía del Estado en el juicio del “procés” o el mantenimiento de
encuentros y conversaciones bilaterales con dirigentes independentistas sin que
éstos dejen de exigir el derecho a la autodeterminación, entre otros) y la
falta de interlocución con las fuerzas no independentistas.

En cuanto al segundo tema, se hace
referencia a la continuación de la estrategia ya iniciada por el gobierno
socialista de Rodríguez Zapatero, que aprobó la conocida como “Ley de Memoria
Histórica”. Se critica que, con la excusa de garantizar un enterramiento digno
a las víctimas de la Guerra Civil, se imponga una determinada visión de la
historia de España y se deslegitime el periodo de la Transición y, en
consecuencia, el actual sistema, por no haber supuesto una ruptura –y sí una
reforma pactada- con el régimen de Francisco Franco.

Por último, una crítica recurrente
son los efectos económicos de las medidas presentadas y aprobadas, como las
relativas a ayudas, impuestos (como al diésel), beneficios fiscales y la
revalorización de las pensiones. El hecho de que, por efecto del rechazo parlamentario
de los presupuestos, las medidas que conllevan un aumento sustancial del gasto
público no hayan sido acompañadas de determinadas disposiciones previstas para
aumentar los ingresos públicos, podría alterar la senda de reducción del
déficit público y de la deuda pública (que se sitúa en el entorno del 84,1% del
PIB a finales de 2018). Ello, sin considerar otras medidas anunciadas y de
momento no convalidadas, como la histórica oferta de empleo público prevista, y
la subida del Salario Mínimo Interprofesional (con la consecuente reducción de
la plantilla de diversas empresas, o la dificultad que genera para algunas
empresas para contratar nuevos empleados, generando una pérdida estimada de
160.000 empleos privados).

¿Qué
factores han llevado al adelanto electoral?

Como se ha señalado, el presidente
anunció que se convocarían elecciones el próximo 28 de abril de 2018 con la
disolución de las Cámaras parlamentarias el 5 de marzo. Una vez vistos los
motivos que llevaron a la censura del anterior gobierno –o bien a la formación
del nuevo Ejecutivo- y sus apoyos parlamentarios, así como su acción, queda
realizar un análisis de los factores que han llevado al adelanto electoral.

Caben dos lecturas a este respecto.
Por un lado, una lectura ideológica –que defendió el propio presidente-
señalaría que el rechazo de los Presupuestos por el Poder Legislativo ha hecho
imposible la ejecución de la agenda política del gobierno, bien sea porque la
prórroga de los presupuestos anteriores contraría las medidas de carácter
“social” anunciadas, o bien porque el propio Ejecutivo considera que se le ha
retirado la confianza parlamentaria para continuar con su proyecto.

Sin embargo, una lectura
pragmático-racional señalaría que el rechazo de los Presupuestos es una
oportunidad para establecer un discurso político y electoral por el cual se
contraponga a un gobierno que ya ha elaborado múltiples políticas “sociales” y
que tenía una agenda clara, una oposición que ha impedido la aprobación de las
citadas medidas “populares”. Así, el Partido Socialista se situaría
electoralmente como un partido de gobierno –con una estrategia posible y
elaborada con dos objetivos: social y de resolución del “problema catalán”-
frente a una oposición enfrentada y polarizada en torno a la cuestión nacional.
Esta posición se ve reforzada por el hecho de que la práctica totalidad de
sondeos pronostican que el Partido Socialista será primera fuerza en el
Congreso de los Diputados, aunque no es claro si podrá formar de nuevo
gobierno, sea repitiendo la fórmula con Unidos Podemos y sus confluencias y los
partidos nacionalistas e independentistas o bien con un pacto –hoy lejano- con
Ciudadanos.

El resto de actores acogen la
interpretación del gobierno –las fuerzas no nacionalistas de izquierda-, señalan
que el gobierno no ha sabido negociar con los independentistas catalanes o
afirman que ha sido el espíritu de la “Plaza Colón” –la manifestación del día
10 de febrero en Madrid apoyada por PP, Ciudadanos y Vox- o el clamor contra un
gobierno que ha realizado excesivas concesiones al independentismo catalán y al
comunismo de PODEMOS, y que no ha sabido ganarse el apoyo parlamentario de las
fuerzas no nacionalistas el que ha propiciado el adelanto electoral.

CONCLUSIONES

En este artículo se ha hecho un
repaso aproximado por las motivaciones de la moción de censura, los apoyos con
los que ha contado el gobierno de Pedro Sánchez, las políticas y estrategias
que ha llevado a cabo y los factores que han llevado al adelanto electoral.

Aquel gobierno de España que surgió
reivindicando la regeneración frente a un Ejecutivo de Rajoy “asediado” por la
corrupción, ha basado su gestión en dos frentes: por un lado, ejecutar una
política social basada en la expansión del gasto público; y por el otro,
realizar un intento de “solución” de la crisis territorial.

No es novedosa la existencia de
cierto discurso que hace considerar que toda angustia y desesperanza de los ciudadanos
tiene solución a través de la política. Sin embargo, el ejercicio del gobierno
está limitado en todo momento: de ahí la tensión que existe entre la
representación de los intereses y deseos de los ciudadanos (responsividad) y la
adecuada comprensión de los factores que conforman el contexto y las
consecuencias de las acciones políticas (responsabilidad). Así, es
irresponsable que un representante anime a los ciudadanos a situar todas sus
esperanzas en la política, pues ello tiene como consecuencia el aumento de la
desafección política y las actitudes anti-políticas. La política es necesaria,
pero no lo es todo.

Tal convicción no es propia de los
partidos independentistas y, tampoco de aquellos que plantean una ruptura a
través de una estrategia populista del statu
quo. Unos afirman que en la formación de un Estado independiente que
coincida plenamente con la pretendida nación catalana hallarán un futuro de
naturaleza divina. Otros consideran que en la ruptura del pretendido yugo de
una élite con intereses contrapuestos a un pueblo puro hallarán un futuro de
felicidad ilimitada.

Y ahí reside la problemática de la
elección del gobierno entre quién es el aliado y quién no. Más allá de la
constatación de la imposibilidad de resolución definitiva de la crisis
territorial y de la necesidad de una gestión adecuada del mismo, el gobierno ha
considerado que eran los partidos nacionalistas e independentistas, así como
las fuerzas de izquierda y extrema izquierda quienes eran los interlocutores
prioritarios para resolver el gran
desafío nacional. En ese viraje ha establecido una estrategia de polarización
que ha posicionado, al menos en su retórica, a los partidos de centro,
centro-derecha y derecha como deslegitimados para intervenir en el debate
público.

Es decir, no sólo se ha propiciado una estrategia de polarización en pos de una victoria electoral y comunicativa, sino que, sabiendo eso, se promete un edén imposible. La democracia representativa, como todo tipo de sistema de gobierno, necesita de líderes responsables. Y no es posible afirmar, de forma a la vez consciente y honesta, que se pueda resolver la crisis territorial en España. Y mucho menos de ese modo. Por ello, existen indicios favorables a la tesis de que el gobierno ha estado más interesado en establecer los términos de la próxima contienda electoral y comunicativa –una cierta “guerra cultural”-, que de realmente gestionar la crisis territorial, la reversión de las dinámicas polarizadoras en la contienda política, la consecución de necesarios y esperados Pactos de Estado en cuestiones clave (como la Educación o el Sistema de la Seguridad Social) y, en general, la mejora de la confianza de los españoles en sus instituciones y en los representantes públicos. Las elecciones marcarán quién escriba las mayúsculas en las siguientes líneas de la historia política española. Que esas mayúsculas vayan en pos del interés general de los españoles dependerá enteramente de los propios ciudadanos.

Antonio A. Fratamico y José Manuel León Ranero, Mgs. en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública