Femicidios en la provincia: menos víctimas letales pero récord de denuncias
En 2025 la provincia de Buenos Aires registró 78 víctimas de femicidio, la cifra más baja desde 2021, mientras que las causas por violencia familiar y de género alcanzaron 146.046, según la Procuración y el Refivag.
En 2025 la provincia de Buenos Aires registró 78 víctimas de femicidio, una cifra que representa la menor cantidad desde 2021; en el mismo año se iniciaron 146.046 procesos penales por violencia familiar y/o de género, equivalente al 14,1% del total de causas penales, según la Procuración General bonaerense y los datos del Refivag del Ministerio Público.
¿Por qué suben las denuncias si bajan los femicidios?
El primer dato que salta es la aparente contradicción: 78 víctimas fatales por femicidio en la provincia, 20 menos que en 2024, y al mismo tiempo 146.046 procesos por violencia de género en 2025, frente a 144.972 en 2024, un incremento interanual de aproximadamente 0,7 puntos, de acuerdo al Refivag. Parte de esa subida puede explicarse por mayor visibilidad y circuitos de denuncia más activos: comparando, en 2015 se iniciaron 67.685 investigaciones por violencia familiar y/o de género, lo que implica un aumento del 116% hacia 2025. Pero el alza no es solo un efecto estadístico: los delitos denunciados incluyen amenazas (27,7%) y lesiones (24,5%), delitos que no siempre escalan a homicidio pero que dañan vidas cotidianas. Vemos, por tanto, una doble lectura: menos homicidios consumados en el cómputo anual, y al mismo tiempo una expansión del sistema penal que convoca recursos, juicios y necesidad de intervención social.
Qué dicen los números y qué no dicen
Los informes oficiales permiten precisar rasgos: en la provincia las 78 víctimas de femicidio representaron el 60,5% de los homicidios consumados sobre mujeres; la tasa anual fue de 0,88 víctimas por cada 100.000 mujeres, mientras que a nivel nacional el Observatorio Ahora que sí nos ven registró 262 femicidios en 2025 y señaló a Misiones con la tasa más alta, 2,45 por cada 100.000 mujeres. Más del 90% de las víctimas conocía a su agresor y en el 64% existía vínculo de pareja o ex pareja; el 85,9% de los hechos ocurrieron en una vivienda y el principal medio fue la fuerza física (35,9%), seguido por arma de fuego (23,1%), según la Procuración. Esos números muestran patrones: violencia cercana, en hogares, con poblaciones jóvenes (55,1% de víctimas entre 18 y 40 años). Lo que los datos no capturan del todo son los casos que nunca llegan a denuncia y las barreras que enfrentan las personas para acceder a protección temprana.
¿Qué políticas funcionan y cuáles faltan?
Los números exigen apuntar a tres frentes: transparencia de datos, prevención territorial y efectividad institucional. Transparencia: el Refivag y la Procuración abren información útil; hay que estandarizarla y publicarla en formatos abiertos para auditorías ciudadanas. Territorialidad: los departamentos judiciales con más procesos son San Martín (23.483) y Lomas de Zamora (19.304), mientras que Necochea (1.006) y Pergamino (1.829) exhiben cargas mucho menores; esos desbalances piden recursos focalizados en prevención comunitaria, asistencia y dispositivos de mediación. Efectividad institucional: solo 12 de las 78 víctimas de femicidio registradas habían presentado denuncias previas, un 15,4%, lo que sugiere fallas en la protección temprana y en la ejecución de medidas cautelares. Vemos necesaria una política que combine prevención social sostenida, registros abiertos y auditorías sobre medidas de protección, no respuestas cortoplacistas ni gestos performativos.
Conclusión: cómo leer estos datos después del 8M
Los datos del 2025 no permiten complacencias: menos víctimas fatales es una noticia relevante, pero la expansión de las denuncias y la persistencia de patrones de violencia demandan respuestas estructurales. Vemos el 8 de marzo como una conmemoración política que obliga a traducir reclamos en instituciones capaces de actuar: presupuestos para refugios, protocolos efectivos, formación de operadores y datos accesibles. La Procuración sostiene que la transparencia posibilita la formulación de políticas públicas basadas en evidencia; esa debe ser la consigna. Si no se transforman cifras en aprendizajes y presupuesto sostenido, la estadística quedará como relato, sin cambiar lo que ocurre en las casas y en las calles.